EMPRESAS CERCANAS AL PRO ALQUILAN EL COLÓN PARA EVENTOS

25 abril 2015

C.A.B.A.,Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Política

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CUESTIONES CULTURALES (Reflexiones)

23 abril 2015

C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Cultura, de nuestra Redacción

Afiche de V.L.M - 1Por Victor Leopoldo Martinez

Entrando en tema

Muchas de nuestras valoraciones y formas de pensar y entender aquellos aspectos que hacen a cuestiones culturales se asientan sobre pilares de lo que se entiende aún hoy por “Occidentales y Cristianos”; pilares que, como vengo sosteniendo en otros escritos, no dejan de ser falsos porque más que occidentales y cristianos en realidad todo se dio de manera “accidental y cretina”(como descubrimiento y por ese mentiroso sesgo “civilizador”).

Esto que afirmo se hace cada vez más evidente con solo mirar nuestras (y me incluyo porque también lo padecí y sigo intentando cotidianamente despegar de esos “mandatos”) conductas y preferencias culturales.

Wiracocha

El nivel de colonización mental al que fuimos sometidos y del que terminamos siendo sus víctimas, impide a la mayoría de connacionales siquiera imaginar remotamente que América fue creadora por ejemplo de religión; suponer que hubo una cosmovisión, no digo original porque el hombre de este planeta pertenece a una sola especie –el “homo Sapiens-, pero al menos propia y particular como particular es la tierra, la Pacha mama que nos gesta y cobija. Somos fruto de esta tierra… ¿no?; y cuando hablo de “especie ” lo hago con intensión de enmendar una injusticia: Hasta la real academia española sigue –todavía- diferenciándonos y “clasificando” a los humanos utilizando el término “razas”. ¡Otra barbaridad de los que establecen terminológicamente qué es cultura!

Inti

Entonces poco valor tienen en nuestras necesidades espirituales el Hanan Pacha (cielo) y sus moradores Wiracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacamac, Mama Colla. Del mismo modo son más imponentes las constelaciones que formaron los habitantes del hemisferio norte en su cielo (que no es el mismo cielo del hemisferio sur), Orión por ejemplo, que nuestra Chakana Incaica. Son más milagreras por ser más civilizadas las ceremonias católicas, judías, Evangelistas, Adventistas, Budistas, Moon y hasta permitidas por ley (dijera el Periodista Huerpe Ricardo Sarmiento) que un Nguillatún, ceremonia religiosa mapuche que para poder ser practicada los nativos, verdaderos dueños de la tierra, deben pedir permiso municipal y/o provincial. Lo mismo pasa con la medicina ancestral con la cual no se puede negociar y por eso es tan combatida. ¡Hay de mi con las cuestiones culturales!!!

guillatun

 

nguillatun_actualRastreando pasados

Aunque suene loco lo que van a leer, en mi modesta opinión Europa se auto erigió en “cuna de la cultura universal” a fuerza de saqueos de otras culturas. La propia definición de “cuna” me parece ridícula porque como dice Pinti, los europeos (él en su monólogo se refiere a los griegos) más que cuna tuvieron cama, redonda, ovalada…bien degeneraditos fueron los traviesos de ese subcontinente. Además, eso de “Cuna cultural” nunca dejó de ser un apotegma del que se sirvieron sus conquistadores para imponer la supremacía europea por sobre el resto de las culturas que arrasaban; muchas de ella con existencia previa de miles de años; que atesoraran invalorables testimonios. Eso poco les importó. Ellos al considerarlas bárbaras en términos comparativos con lo que entendían por “civilización” se encargaron de destruir toda señal y testimonio de su existencia, o lisa y llanamente las hicieron desaparecer; solo unos pocos y astutos se apropiaron de algunas de sus reliquias para su comercialización. De allí que hoy existan todavía ciertos indicios.

Hablo de esa creída superioridad que se adjudican la mayoría de los europeos al considerarse Darwinianamente el último eslabón, el máximo escalón hasta hoy de la evolución del Homo Sapiens.

Europa culturalmente es una mentirosa mercadería ombliguista que sus gobiernos exportan a granel y que les sirve para tapar la extrema codicia y belicosidad de sus líderes y pueblos. La cuestión Malvinas en relación a la piratería inglesa es la prueba actual. Sin hipocresías creo que ningún Ingles reconoce eso como saqueo o usurpación. ¡Y no me corran por izquierda con minúsculos grupos de ingleses que sí pueden estar reconociendo nuestra soberanía! Si los hay no tienen peso político alguno. A la mayoría de los ingleses, el tema les es indiferentes y por ende se sienten cómplices en cierto modo afortunados. Hasta los mejores pensadores y artistas europeos, a lo largo de la historia de la humanidad, tampoco pudieron zafar nunca de ese ombliguismo que tienen adosado como estigma.

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Por esta razón y en estos términos hasta para los propios americanos las culturas precolombinas siempre carecieron de valor alguno. Se instaló en el inconsciente colectivo de ese mestizaje final que somos como producto, un marcado desprecio por lo americano. Aún hoy lo seguimos viendo como algo devaluado. No hablo de las excepciones, sino de las generales de la ley. La única excepción válida a mi entender se la puede encontrar en la memoria popular.

El ciudadano común, de clase media de cosmopolitas urbes suramericana –especialmente argentinas- mira a Europa como modelo y sigue los pasos de sus clases medias en todos sus movimientos. Lo de “clases” lo pongo en plural, porque no son todas iguales y hasta entre ellos y por diferenciarse unas de otras llegan a ser belicosos. No olvidar que las más espantosas guerras de la historia universal se dieron en sus territorios. Hoy, la Alemania de Merkel no dudaría en hundir al pueblo griego sino se aviene a ajustar su economía a las reglas financieras de Banco Europeo que Alemania conduce. Esta digresión última sirve para ir completando la pintura de los europeos.

Acá, a la vuelta de la historia

Para entender hacia dónde apunta este texto, no me voy va ir tan lejos en el tiempo. Solo pido que miremos cuestiones históricas recientes, detalles no menores asociados a lo cultural de los cuales algunos fuimos protagonistas activos; otros pasivos y lamentablemente hoy faltos de memoria. Voy a tomar algunas muestras culturales como ejemplos para que esto se entienda.

Negros y su música

A mediados del siglo XX una gran movida musical se da en el hemisferio norte y comienza a dar vuelta los conceptos estereotipados que venían sobreviviendo en ese tema. La música negra comienza a ser vista por los “blanquitos” norteamericanos como algo más que interesante y muy profundo. Descubren que el blood, sweat and tears (sangre, sudor y lagrimas) no era joda ni solo el nombre de una banda; era parte de una historia oscura como la piel de los que todavía eran víctimas de las atrocidades cometidas por el Ku Klux Klan. Esta mutación musical da pasó a la fusión con el rock y es allí cuando comienza a entrar en acción lo ideológico. Al amparo de esto nace la psicodelia en los sectores medios y pudientes como expresión cultural transgresora, y el hippiesmo en las clases bajas. El movimiento se extiende a Europa.

Psicodelia

 Gordi

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No tan llamativamente y como fue a lo largo de toda nuestra historia, acá –en Bs. As.- se lo terminó adoptando como “moda”; en algunos casos(la psicodelia en el Di Tella con Happening incluido) por los burgueses que Landrú supo denominarlos GCU(la Gente Como Uno, habitués de la discoteca de María Belén y Alejandra que eran toda una “paquetería”) para diferenciarlos de los “Mersas”(negros, de mal gusto, falto de calidad).

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Otros tomamos el verdadero valor que en el fondo esa movida tenía (con músicos como Piero, Miguel Cantilo, Moris, Nebbia, etc) y nos volcamos a la política de una Argentina dependiente de intereses foráneos que hambreaba a nuestro pueblo. Bah!!! ¡Nos metimos de lleno a militar en el Movimiento Nacional y Popular Peronista junto al pueblo, que joder!!!

¿Y la espiritualidad? ¿Dónde quedó?

El fracaso de aquella movida cultural a nivel planetario lo explico a continuación (lógicamente según mi modesto y humilde punto de vista).

Una de las características sobresaliente que aquella movida tuvo fue que la juventud de los “60” tanto europea como parte de la norteamericana de pronto comenzó a mirar a oriente en búsqueda de una verdad –“la verdad”, decían- vía religiosidad, algo que no encontraban en sus medios “altamente civilizados” cuyo único Dios era el consumo. Sentían que lo podían hallar en esas culturas lejano-orientales con mayor sabiduría espiritual por tener más milenios de existencias que las propias.

América en general no era considerada importante como fuente de “algo” (en realidad de nada) para un joven europeo de aquellos tiempos. La mayoría de ellos también desconocía –o mejor dicho ignoraba- que esas tierras a las que acudían ya habían sido devastadas económicamente por sus antecesores europeos a partir del comienzo del segundo milenio (fin del imperio romano; comienzo de la edad media).

Oriente como salvación espiritual

Si seguimos este hilo de análisis con ejemplos concretos veremos como todo esto influyó en Suramérica.

Desde mediados del siglo pasado las culturas indú y china adquieren un auge un tanto “universal” al ser tomadas y revalorizada por los jóvenes europeos. Luego pasó a ser muy difundidas por los muchacho capitalista por su valor como mercadería de consumo masivo explotable comercialmente, negocio al que también se colgaron los Gurues orientales(Gurues pero no estúpidos. Macri trajo uno el año pasado).

Guru Ravi Shankar

Estos últimos hasta recurrieron a la New Age, que como slogan de vida les permitió inventar el verso del acercamiento a la espiritualidad. Un muy rentable negocio. Sin embargo y a contramano de lo que se estaba dando en Europa, otro sector de jóvenes norteamericanos no miran a Oriente y sí a sus pueblos originarios. Un dato no menor y muy importante en los fenómenos culturales que luego siguieron.

Guru Maharishi

Los Beatles

Pero volviendo a los europeos, hasta mis admirados Beatles buscaron en oriente respuestas más humanas a esas dudas existenciales que occidente no se las podía brindar ni le interesaba tenerlas.

Hippies Vietnam

La guerra de Vietnam se desarrolló en plena efervescencia de una juventud que a gritos y canciones pedía paz y bregaba por el amor entre los hombre al tiempo que defendía la vida, algo que ninguno de los líderes de occidente incluyó jamás en agenda alguna. El negocio de la guerra fue, es y será muy redituable para los mercaderes de muerte; hasta la justifican utilizando el argumento que es “ecológica” en relación a la capacidad de carga de la tierra y como una solución al tema del desmedido crecimiento demográfico mundial. ¡Bestialidad si las hay!

Hendrix

Pero en aquellos años, estas “protestas juveniles” al sistema poco le importó. Por el contrario, no le impidió tomar al hippismo como forma y estilo de vida muy “interesante en términos comerciales”. Lo transformó en otro producto vendible y muy redituable. La música y la vestimenta se transformaron en moda y terminó siendo otra fuente de ingresos para la codicia capitalista siempre vigente; de paso, logró fagocitarse a los jóvenes líderes hasta neutralizarlos ideológicamente de manera total. Si es cierto que Bill Clinton estuvo en Woodstock(1) sería el ejemplo ideal de esto que estoy escribiendo.

Frente a la Casa Blanca

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El sistema político-económico neoliberal que nació casualmente en los “50” del siglo pasado, en materia cultural tiene más aciertos perversos que criticables errores, y esto es comprobable por cualquier vía. Hasta Hollywood tuvo esa rara habilidad de criticar, a través del cine, la política exterior norteamericana sin que su pregón audiovisual plagado de efectos especiales deslumbrantes que buscaban impactar en el público incidiera o modificara un ápice las decisiones de los poderosos que manejaban –y manejan- el nuevo imperio. Sin embargo les sirvió para hacer muchos dólares vendiendo esa supuesta e inservible “autocrítica” (“El Cazador”, título original de lo que aquí se conoció como “El francotirador”, “Regreso a casa” –conocida como “Regreso sin Gloria”- y Apocalipse Now, todas tocando el tema de la desastrosa guerra de Vietnam, son los ejemplos más conocidos). Ni que hablar de las producciones fílmicas donde la moral norteamericana viene a luchar contra la corrupción imperante en Latinoamérica que tanto daño le hacen a las “democracias occidentales”; Suramérica, lugar donde esa corrupción es moneda corriente, los empresarios norteamericanos NO son corruptores y los políticos corruptos afectan los intereses de los financistas e industriales benefactores yanquis llegados a los países de la región con las “mejores intenciones” y para “ayudarlos a crecer”.

¿Y el sur? ¿Para cuando?

Evidentemente la cinematografía y la TV euro-norteamericana como herramientas culturales ayudaron muchísimo en esa desvalorización existente todavía hoy entre nosotros de todo lo que tenga que ver con Latinoamérica. Lamentablemente y según mi modesta opinión, las cuestiones culturales es una de las deudas más grande que todavía tiene ese maravilloso proyecto nacido hace casi dos décadas llamado UNASUR.

Por eso y para ir cerrando quiero traer a colación el por qué de esta reflexión, donde recurrí un poco a la historia (más que nada a la reciente) porque creo encontrar en ella las razones de una herida un tanto dolorosa que todavía no logramos cicatrizar.

Desde lo fenomenológico es entendible como hecho consumado e inapelable el cosmopolitismos porteño, que además es espejo para las burguesías de muchas grandes urbes del interior del país. De ahí ese fuerte rechazo, hasta diría visceral por todo lo que tenga que ver con América y de esta como Patria (paradójicamente lo contrario de lo que sienten los europeos -que son su espejo- en relación a su terruño).

Se puede ver con claridad esta deformación cultural con solo caminar por esta ciudad. Se encontrarán 1000 casas que ofrecen productos importados (de las cuales 100 se dedican a los exóticos productos orientales) contra 1 o 2 que se dedican a mostrar y comerciar productos autóctonos. Lo mismo pasa con la música donde grandes bandas euro-norteamericanas llenan estadios mientras nuestros folcloristas se tienen que conformar con los festivales estivales; con los cuidados del cuerpo en base a recetas magistrales –eficaces porque vienen del norte-; y así con las ofertas literarias, teatrales y cinematográficas. Está claro que por consumir todo eso “somos más cultos” (o estúpidos… No se).

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Sobre esta realidad donde cualquiera de nuestras manifestaciones culturales ya ni siquiera se podría decir que lograrían ser consideradas exóticas sino más bien extrañas, es muy difícil trabajar ese mirarnos hacia adentro, por dentro, tratando de descubrir quienes somos realmente. Todo esto tiene responsables. Por lo menos los podemos identificar. “Gracias” a nuestra educación y medios de comunicación nadie se enterará que tenemos una historia previa a esa historia que se nos suele inculcar escolástica y mediáticamente sobre nuestra cultura y nuestro continente; nadie se percata que históricamente, ese lejano oriente según la Europa Occidental al cual también algunos de los nuestros suelen dirigir su mirada de admiración, está íntimamente ligada en lo cultural con nuestra América que siempre estuvo más próxima en términos geográficos, solo separada por un bello Océano que tiene el no menos maravilloso nombre de Pacífico. Tampoco se les da por estudiar todo lo asociado a esta cuestión, base fundamental para empezar a valorar lo bellamente sustancial que tiene como cultura este EDÉN del planeta que es América . En fín…

Por todo lo anterior, y otras cosas más, todo consecuencia de erradas políticas educativas, lamentablemente la Cultura Latinoamericana sigue estando devaluada.

Nota

(1) Uno de los festivales de rock y congregación Hippie más famosos e importantes de la historia. Tuvo lugar en una granja de   Bethel, en Sullivan Country, Estado de Nueva York, los días 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de agosto de 1969.


DENUNCIA PENAL CONTRA LOS DIRECTIVOS DE AMIA y DAIA

23 abril 2015

C.A.B.A.,Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO

DENUNCIA PENAL CONTRA DIRECTIVOS DE DAIA y AMIA; también contra Kovadloff, Aguinis y Sabsay, las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich entre otros. Los delitos que se les imputan: Traicion, Alterar las relaciones amistosas con un gobierno extranjero y Resistencia a la Autoridad.

Juan Labake

DENUNCIA

JUAN GABRIEL LABAKÉ, abogado en causa y por derecho propios, CSJN T.7  F.311, jglabake@gmail.com, notificaciones electrónicas-CUIT  24064849391, teléfono 4371-0872, con domicilio procesal en Tucumán 1650, PB, 1, CABA, y con el patrocinio letrado del Dr. FACUNDO ALEJANDRO SALOMÓN, CPACF Tº 116   Fº 296 , a VS  me presento y respetuosamente digo:

I.- EXORDIO Que vengo a denunciar que en el diario Página/12 del 18-4-15 y del 22-4-15, el señor Jorge Elbaum publicó dos extensas notas en las que informa sobre hechos muy graves que, afirma, fueron cometidos por los señores Julio Schlosser, Waldo Wolff, Jorge Knoblovits y Alfredo Neuberger, presidente, vicepresidente, secretario general y director político, respectivamente, de la Dirección de Asociaciones Israelitas Argentinas-DAIA, por el señor Leonardo Jmelnitzky, presidente de la Asociación Mutual  Israelita Argentina-AMIA, y  quizás por otros directivos de ambas instituciones, por los señores Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay y Marcos Aguinis, por las diputadas nacionales  Laura Alonso y Patricia Bullrich, por la señora Mariela Ivanier, ex empleada de la AMIA y actual consultora de Papel Prensa, La Nación y Clarín, por el ciudadano cubano  Carlos Alberto Montaner,  y por el ciudadano  anglonorteamericano señor Paul Singer que, de confirmarse,  podrían constituir un  grave peligro para la Nación Argentina, y la presunta comisión de los delitos de: a)- Traición [Título IX, Capítulo I del CP] en la figura descripta en su art. 215, inc. 1 [“ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad”];y b)- Alterar las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero”, en este caso, los de Irán y el Líbano, alterando así la paz y la dignidad de la Nación [Título IX, Capítulo II-Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, art. 219, primer párrafo del CP]; c)- Sedición [Título X, Capítulo II del CP], en la figura del art. 230, inc. 2 (“impedir la ejecución de las leyes nacionales…”) con el agravante del art. 235, primera parte; d)- Resistencia contra la autoridad (Título XI, Capítulo I del CP) en la figura del art. 237 (“emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público… para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”) con el agravante del art. 238m inc. 2 y 3, por los hechos que paso a exponer: II.- HECHOS En efecto, el señor Jorge Elbaum, quien se presenta como sociólogo y ex director ejecutivo de la DAIA, publicó el 18 de abril de 2015, una extensa nota en el diario Página 12. En ella, Elbaum afirma, entre otras cosas:

1.- Que los directivos de la DAIA dieron inicialmente su apoyo al llamado Memorando de Entendimiento con Irán.

2.- Pero que, inmediatamente después de anunciar en forma pública ese apoyo, recibieron una clara presión telefónica, inicialmente de parte del periodista señor Pepe Eliaschev (fallecido), quien les advertía –indignado– que la recepción cordial al canciller Timerman iba a ser taxativamente condenada y repudiada por “la comunidad” y las embajadas norteamericanas e israelí. Que luego se sumaron a esa presión telefónica los señores Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay y Marcos Aguinis.

3.- Que, en marzo de 2013, el Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés), de los llamados “holdouts” conducidos por el ciudadano norteamericano Paul Singer y que litigan contra nuestro país ante la tribunales de Nueva York, decidió usar el Memorándum de Entendimiento como un ariete más para condicionar a nuestro país a negociar de forma más vulnerable frente a los fondos especulativos. Y que, además de tomar la decisión de realizar una campaña negativa sobre los acuerdos alcanzados con Teherán, mediante solicitadas aparecidas en diferentes diarios, se resolvió contactar a dirigentes y políticos locales para solicitarles que se expidan rápidamente en forma crítica sobre el tratado en ciernes, ofreciendo todo tipo de “colaboración” para defenestrar al gobierno argentino.Que, en julio de 2013, el fiscal Nisman inició una serie de encuentros con los dirigentes de la DAIA y de la AMIA donde se acordaron los pasos a seguir para evitar la aplicación del memorándum. En dichas reuniones, realizadas en un bar ubicado en la calle Juana Manso 1601 de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman repitió en forma enfervorizada que él estaba dispuesto a aportar “de sus propios recursos” para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. “Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar”, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios.

A continuación, el señor Elbaum relata en sus dos notas las medidas que fueron realizando la DAIA, la AMIA, Paul Singer, Carlos Alberto Montaner, Laura Alonso, Patricia Bullrich y otros, tanto en nuestro país como en EE. UU., para concretar el objetivo de los “holdouts” y del fallecido fiscal Nisman de forzar al Estado Nacional a abandonar el acuerdo diplomático celebrado con Irán para destrabar la investigación del atentado a la AMIA. Conviene recordar que esa investigación sobre el atentado a la AMIA está totalmente paralizada desde 2008, año en que el fiscal iraní respondió el exhorto enviado por la Argentina y solicitó que se le enviaran las pruebas del caso, sin que el Dr. Nisman las enviara jamás.

III.- PRUEBA Y OTRAS MEDIDAS SUGERIDAS Como colaboración con el Juzgado, me permito sugerir las siguientes diligencias probatorias:1.- Se libre oficio al diario Página/12 a fin de solicitarle remita al Juzgado el ejemplar en que aparece la nota del señor Jorge Elbaum del 18-4-15.2.- Se cite a declarar como testigo al señor Jorge Elbaum para que ratifique sus dichos de la mencionada nota y aporte los detalles que conozca.3.- Fecho, y en caso de que el señor Jorge Elbaum ratifique sus dichos, se libre exhorto diplomático a los EE. UU. de Anglonorteamérica, a fin de solicitar la  extradición del señor Paul Singer y del señor Carlos Alberto Montaner.Proveer de conformidad SERÁ JUSTICIA.


El PRO cuestionó el dictamen del fiscal De Luca contra la denuncia de Nisman

23 abril 2015

C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, posteo en facebook

Por Daniel Sidero

Las muchachas PRO

La diputada Patricia Bullrich recordó que el funcionario público que rechazó la apelación de Moldes “fue el que dijo que en Ciccone no había delito”. Laura Alonso habló de un “golpe blando contra la verdad”.
Las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes venían respaldando públicamente la actuación del fallecido fiscal especial del caso AMIA, cargaron contra De Luca, un fiscal que adhiere a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima
.
PERO PARA EL PRO, CLARIN , LA NACION Y SUS HERMANITOS TONTOS, LO QUE SIGUE,  NO ESTA MAL

El ex vicepresidente del banco JP Morgan, quien en 2008 denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, recordó que el fiscal, que lleva esa causa, “la tiene paralizada desde hace siete años”.

“La causa está paralizada desde 2008. Marijuán presentó solo dos escritos y nunca pidió citación a declarar a los denunciados”, precisó Arbizu a Télam, al tiempo que sostuvo: “Me llama mucho la atención que Marijuán convoque a una marcha para que se investigue (la muerte de su colega Alberto Nisman), cuando no hace lo que propone, es decir, investigar”.
En el mismo, el Grupo Clarín lidera la lista de 4.620 argentinos con cuentas en Suiza sin declarar, por unos U$S 3.505 millones.
“Mi experiencia con la Justicia es que denuncié, y el resultado es que mi denuncia está parada desde hace 8 años”, remarcó Arbizu.
Entre las investigadas figuran Autopistas del Sol ( MACRI), Edenor, Petrobras Argentina, Sideco (MACRI), Dicasa y Nordelta, y particulares como Juan Navarro, Castex y Emilio Cárdenas. El ex ejecutivo fue citado a indagatoria tras la ampliación del requerimiento fiscal realizado por otro magistrado, Sergio Torres, donde se investigan delitos similares de otras empresas y particulares a partir de la confesión de Arbizu, que incluye a los directivos del Grupo Clarín.
Seis grandes bancos fugaron u$s 70.000 millones del país
El ex ejecutivo del banco de inversión JP Morgan, Hernán Arbizu, aseguró ante el juez federal Sebastián Casanello ( año 2013) que seis grandes bancos extranjeros administran más de 70 mil millones de dólares sacados del país para evadir impuestos por empresas y particulares, y que incluso esa cifra podría llegar a ser el doble. En su declaración ratificó también que el grupo Clarín estafó a las AFJP por 600 millones de dólares en el año 2007, mediante la maniobra de emitir acciones bancarias para hacerse de dinero en el mercado interno.

EN DEFINITIVA SI LA JUSTICIA FALLA A FAVOR DEL GOBIERNO, SON JUECES Y FISCALES CORRUPTOS, COMPRADOS, DE “JUSTICIA LEGITIMA” QUE ES JUSTICIA “K”. PERO SI NO SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DE LAVADO DE DINERO , COMO LA DEL JP MORGAN, O LA DEL HSBC , QUE ES MUCHA PLATITA QUE NOS ROBARON A LOS ARGENTINOS , Y ENTRE LOS ” LAVADORES ” ESTÁN MACRI Y CLARIN ENTRE TANTOS OTROS DELINCUENTES CRONICOS , ESTOS FISCALES Y JUECES “SON PATRIOTAS”, “HÉROES”; ES UN PAIS DE LOCOS .


El fiscal De Luca desistió de la apelación por la denuncia de Nisman

21 abril 2015

C.A.B.A., Argentina- UNASUR-CELAC, EL EMILIO.

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DICTAMEN N° 9804

Sala 1. “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ encubrimiento” (legajo de casación). Causa del Poder Jud. N° CFP777/2015/CFC1. Fiscalnet: 10789/15

En su recurso de casación, el fiscal de cámara consideró que la resolución atacada se apartaba de la solución normativa que correspondía al caso, en virtud de que sus razonamientos resultaban de un excesivo rigor formal al punto de desnaturalizar la esencia de los instrumentos e institutos en cuestión. Tildó de dogmáticos los argumentos de la Cámara de Apelaciones, lo cual vedaba ilegalmente el acceso a una investigación jurisdiccional que permitiese acreditar la hipótesis de la denuncia.

  1. a) Los hechos denunciados.

Las presentes actuaciones tuvieron su inicio el 14/01/15 a raíz de la denuncia formulada por el entonces fiscal a cargo de la Unidad de Investigaciones del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, Dr. Alberto Nisman.

De la lectura de aquella denuncia y del posterior requerimiento de instrucción formulado por el fiscal interviniente surge que el objeto de las presentes actuaciones es la pretendida investigación de un supuesto “sofisticado plan delictivo” que habría sido elaborado, negociado y concretado por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner –Presidenta de la Nación–, junto con Héctor Marcos Timerman –Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación–, Andrés Larroque –Diputado Nacional–, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia –abogado y ex Fiscal–, Luis Ángel D ́Elia, Fernando Esteche y un sujeto identificado como “Allan” que, según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría de Ramón Allan Héctor Bogado; todos ellos confabulados para lograr la impunidad de los imputados iraníes de la causa que investiga el atentado a la AMIA, bajo la forma de ayudarlos a eludir la investigación y a sustraerse a la acción de la justicia argentina.

Aquel objetivo se habría llevado a cabo a través de la suscripción de un tratado denominado “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán…”, que se produjo el 27/01/2013 en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía.

El mencionado instrumento lograría el fin de impunidad a través de dos elementos principales: por un lado la creación de una “Comisión de la Verdad”, cuyo fin oculto sería la creación de un nuevo enemigo –introducción de una hipótesis falsa– y la consecuente desincriminación de los imputados iraníes y, por el otro, –y éste sería el principal interés iraní en la suscripción del tratado– la negociación por parte del Estado argentino de la baja de las “notificaciones rojas” que fueron dispuestas por Interpol, a pedido del juez de la causa en el año 2007, sobre cinco de los imputados iraníes a saber: Imad Fayez Moughnieh, Ali Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai; y que continúan vigentes en la actualidad. Esta cuestión se habría materializado en el artículo 7 del referido instrumento.

Aquel proceder calificado de criminal habría estado inspirado en la voluntad del Estado argentino en restablecer el vínculo comercial con Irán, para resolver las necesidades energéticas por las que atravesaba en aquel entonces la Argentina.

Los hechos e hipótesis sobre los cuales se basa la denuncia, fueron sintetizados y mantenidos en el requerimiento de instrucción formulado el 12/02/15 por el fiscal que le tocara intervenir en la denuncia de enero del fiscal Nisman.

  1. b) La resolución del Juzgado.

El 26/02/2015, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 resolvió desestimar la denuncia que diera inicio al presente expediente por inexistencia de delito (art. 180, párrafo tercero, CPPN) y remitir testimonios de las partes pertinentes del expediente y de la transcripción de las escuchas telefónicas reservadas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, Secretaría n° 18 para que, de acuerdo a los lineamientos sentados en la misma decisión, fueran agregados a la causa n° 11.503/2014, en la cual se investiga a Ramón Allan Héctor Bogado por la presunta comisión de delitos de acción pública.

Para así decidir, luego de un análisis de la denuncia y de la prueba acompañada y propuesta, concluyó en que la plataforma fáctica denunciada no constituía delito sino que, por el contrario, todas las evidencias se contraponían de modo categórico a la existencia de la hipótesis acusatoria delineada por el fiscal.

En cuanto a los alcances atribuidos a la creación de la “Comisión de la Verdad” el magistrado indicó que la maniobra no habría tenido siquiera un comienzo de ejecución, por lo que no podía ser penalmente relevante. Remarcó lo que consideró una contradicción evidente en la denuncia por la cual, por un lado, se afirmaba que la creación de esta Comisión era la piedra basal para lograr la impunidad de los imputados y, por el otro, se reconocía que por la ausencia de plazos y demás obstáculos la Comisión no iba a constituirse ni funcionar nunca.

Con respecto a la aludida intención del gobierno argentino de dar de baja a las alertas rojas, el juez refirió que aquella circunstancia se habría erguido como argumento central de la denuncia como un presupuesto esencial del encubrimiento, ya que el fiscal denunciante lo había reiterado unas quince veces en su escrito. Al juez le llamó la atención que tal contundente afirmación no hubiera sido acompañada de algún elemento probatorio que la respaldara.

A ello agregó que esa cuestión había sido rotundamente negada por Ronald Noble, quien durante 14 años ocupó el cargo de Secretario General de Interpol. En tal sentido, refirió que en al menos dos oportunidades, Ronald Noble había negado que la intención del gobierno argentino fuera la de quitar las alertas rojas, sino que su intención siempre había sido la de llevar a los ciudadanos iraníes a juicio. Entre otras declaraciones, citó sus dichos en el diario Página 12: “La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ningún funcionario del gobierno argentino trató de cancelar las alertas rojas de Interpol. En los últimos dos días me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.

El juez federal hizo hincapié en que la intención del gobierno argentino se veía reflejada en el intercambio de misivas entre el canciller argentino y el secretario de Interpol después de la firma del tratado de entendimiento. En la misiva oficial enviada a Interpol, se detallaba el asunto de las alertas rojas en estos términos “…cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional oportunamente formulados a Interpol desde la Argentina en relación con los graves crímenes investigados en la causa AMIA, sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa” y que la futura entrada en vigor del Tratado “no produce cambio alguno en el procedimiento penal aplicable, ni en el status de los requerimientos de captura internacional arriba referidos” (el resaltado pertenece al original).

El Consejero Jurídico de la Interpol, Joel Sollier, dijo que “…dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA” (el subrayado es del original).

Por todo ello, el juez concluyó en que ninguna de las dos hipótesis sostenidas por el fiscal de esta causa en su requerimiento de instrucción se sostienen mínimamente como delictuales.

A mayor abundamiento, el juez descartó que “la cumbre de Alepo” hubiera sido el punto de partida del plan de impunidad, ello en atención a la falta de elementos probatorios y a que, concretamente, los ambiguos dichos de un periodista, escuetamente ratificados, acerca de “algo” (no se sabe si es un documento, un cable o un paper, ni su origen) que “habría visto”, no era prueba suficiente.

Asimismo, el magistrado realizó un detallado análisis de la transcripción de las escuchas telefónicas aportadas como prueba del delito respecto de cada uno de los indicados como responsables en la maniobra y concluyó que no existía ningún indicio que avalara tal participación.

  1. c) Recurso de apelación del fiscal de primera instancia.

En el recurso de apelación contra esa decisión el fiscal reiteró su argumentación. Dijo que existían dos puntos de vista opuestos (uno sostenido por el denunciante y otro por el juez de grado), por lo que resultaba pertinente abrir a prueba la investigación para saber quién llevaba la verdad.

El fiscal señaló que la decisión recurrida era prematura porque restaban pruebas por producir para poder sostener que la creación de la Comisión de la Verdad no tuviera relevancia en el ámbito penal o que no hubiera habido un accionar orientado a dar de baja las circulares rojas.

Efectuó un análisis jurídico sobre las dificultades para diferenciar un acto preparatorio del comienzo de ejecución y reiteró que se debía investigar para descartar que la creación de la Comisión de la Verdad no fuera un acto típico de la “ayuda” a la que se refiere el artículo 277 del Código Penal.

En cuanto a las notificaciones rojas, refirió que, de acuerdo a su interpretación del artículo 81 inciso 2do. del Reglamento de Interpol sobre Tratamiento de Datos, existiría cuanto menos una opción en la cual la caída de la vigencia de una notificación roja no estaría condicionada a la voluntad del juez de la causa. Afirmó que sobre ese supuesto se habría cimentado la hipótesis del denunciante.

Para restarle convicción a los dichos de Ronald Noble, afirmó que no era válido para desestimar una denuncia el basarse en prueba constituida por correos electrónicos y notas periodísticas sin que hubieran sido ratificadas en sede judicial.

Agregó que aún existían fuertes dudas de los motivos por los cuales se había incorporado esa cláusula 7ma. al Tratado de Entendimiento, que era operativa, y que habría que investigar si, objetivamente, esa cláusula había constituido una “ayuda” a los imputados iraníes en tanto, a partir de su invocación, los imputados iraníes habrían podido obtener la baja de las alertas rojas.

  1. d) La resolución de la Cámara de Apelaciones.
Se trata de una resolución compuesta por tres votos diferentes.
El primero de los jueces se apartó del razonamiento del juez de primera instancia, ya que consideró que había transitado todos los estadios requeridos en la República (suscripción y ratificación por parte del Congreso mediante la ley No 26.843).

Entendió que los diversos puntos del Memorándum mediante los cual se regulan la conformación y las atribuciones de una “Comisión de la Verdad”, podían ser objeto de varios cuestionamientos y de hecho lo habían sido (amparo que propiciaba su declaración de inconstitucionalidad y que conforma la causa No CFP 3184/2013/CFC1, actualmente en trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal). Que sin embargo, en aquella causa ni siquiera había sido sugerida la posibilidad de que la firma de aquel instrumento pudiese constituir un supuesto de encubrimiento: “Ni esta Alzada, ni las querellas, ni aún el fiscal del caso, aquí denunciante, apreció en la letra del pacto un atisbo del supuesto delito de encubrimiento que recién ahora se denunció”.

El magistrado entendió que “Ninguna imputación que procure cimentarse sobre la sola expresión objetiva del Tratado puede aspirar seriamente a instituirse en base de una investigación penal … El Memorándum fue, a los ojos de esta Alzada, inconstitucional, mas no la canalización de un acto criminal”. Por lo que, entendió, volver sobre las críticas que se le realizaron al Memorándum, sería regresar sobre una cuestión ya zanjada y que fue objeto de otra causa.

Enunció las razones que habían dado los acusadores para introducir de forma novedosa aquella hipótesis delictiva recién en 2015, la cual estaría dada por el hecho de que antes “se carecía de los elementos que hoy se tienen y que revelarían la voluntad espuria escondida tras las convenientes palabras del Memorándum”. Sin embargo, el juez de cámara ilustró que aquellas “nuevas” medidas eran dos: la nota periodística de José “Pepe” Eliaschev titulada “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados” que había sido publicada en el diario Perfil en marzo de 2011 (y que se había basado en un documento no oficial); y las intervenciones telefónicas, a las que había tenido acceso el denunciante, en su carácter de fiscal de la causa en la que se investiga el atentado a la AMIA. Éstas, en su gran mayoría, se habían llevado a cabo durante el transcurso del año 2013 (luego de la firma del Memorándum en febrero de aquel año).

Refutó el razonamiento de los fiscales intervinientes acerca de que las conversaciones que surgían de las escuchas darían cuenta de que el principal objetivo de la firma del Memorándum habría sido la eliminación de las circulares rojas por parte de Interpol y que esa hipótesis se sustentaría en la falta de ratificación parlamentaria por parte de Irán, la cual encontraría su causa en el fracaso de Timerman para negociar con el Secretario General de Interpol la baja de las notificaciones. En efecto, al respecto, el juez razonó que, si el Memorándum estipulaba una serie de medidas que beneficiarían únicamente a los imputados iraníes, no tenía sentido que la sola “frustración” por la caída de las notificaciones rojas hubiese devenido en el desinterés de aquel Estado en su ratificación. Porque según la denuncia, Irán estaba interesado en la constitución de una Comisión que –siempre según la denuncia– pudiera introducir una nueva (y falsa) hipótesis que desincriminase definitivamente a los iraníes. Si Irán era el único beneficiario, ¿por qué no lo ratificó?, se preguntó el juez.

A su vez, señaló graves contradicciones en la ilación de los datos sobre el inicio de las negociaciones calificadas como “espurias”, ya que por momentos se ubicaban en 2011, luego en 2010 y hasta en 2006. Elaboró un pormenorizado análisis del contenido de las conversaciones en las que se había apuntalado la denuncia (cuyos interlocutores principales eran: Luis Ángel D ́Elia, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y Ramón “Allan” Héctor Bogado) y los hechos de público conocimiento, y resaltó que, lejos de resultar medios probatorios de un acto delictual, daban cuenta de su extemporaneidad ya que muchas de ellas eran posteriores a la información brindada por las notas periodísticas que incluso habían sido citadas en la denuncia.

Así también, puso de resalto las contradicciones lógicas de la argumentación de la denuncia. Dijo que, por un lado, en la denuncia se afirmaba que “…las autoridades iraníes habían expresado su histórico interés por comerciar. Les resultaba indiferente la aprobación o no del Memorando de Entendimiento” y, a continuación, se afirmaba lo contrario: que Irán si tenía interés en la suscripción del acuerdo.

El magistrado hizo referencia a la comunicación oficial que realizó Héctor Timerman al Secretario General de Interpol el 15/02/2013 en dónde afirmó que la firma del Memorándum y su eventual entrada en vigor no producían cambio alguno en el estatus de los requerimientos de captura internacional. Así como también los correos electrónicos enviados con posterioridad a la radicación de la denuncia por parte de Ronald Noble a Héctor Timerman y a dos periodistas. Y concluyó: “Inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimiento. La balanza, sin lugar a dudas, no se inclina de un modo provechoso al éxito de la denuncia”.

En respuesta al argumento del recurrente, que había tildado de falsa la afirmación del a quo con relación a que sólo el juez de la causa podía impulsar la baja de las alertas rojas, explicó que si bien es cierto que de la reglamentación interna de Interpol pueden existir otros motivos que hiciesen cesar las alertas, “el acusador no brinda un solo dato por el cual pueda deducirse que alguien del gobierno argentino, o incluso del iraní, hubiese ejercido algún acto destinado a ́forzar ́ la activación de es facultad del Secretario General de Interpol”. Concluyó que no existe ningún elemento que supere la misma literalidad de la norma.

Con relación a la supuesta ideación de una hipótesis ficticia que vendría a introducir la “Comisión de la Verdad”, el juez del primer voto afirmó que los acusadores no especificaron en ningún momento cuál sería tal hipótesis, ni el aporte concreto que habrían realizado los acusados. Y agregó que si bien el recurrente enunció que serían las escuchas las que darían sustento a aquella afirmación, ni siquiera él le había asignado valor probatorio, pues calificó a las escuchas telefónicas como un “mero indicio”. Resulta oportuno poner de relieve que en este primer voto el juez de la cámara criminal y correccional federal criticó la concatenación arbitraria (sin respetar cronología de fechas y horas, y unidas por puntos suspensivos, como si fueran continuas) de las escuchas, que fueron transcriptas por el denunciante y que, a su vez, fueron “combinadas con otros discursos distanciados por meses”, con el único fin de que indujesen a pensar que se había hecho referencia al supuesto encubrimiento.

En las transcripciones de las escuchas, los interlocutores describían una “mesa chica” de negociación pero, sin embargo, reproducían las noticias periodísticas que se fueron suscitando “o bien una fabulada idea de ser operadores sin poder de convicción”. Para luego reflexionar que: “El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”.

Finalmente, el camarista explicó que el intento de los acusadores es abrir una investigación para obtener la prueba de algo que ni el mismo acusador conoce. Explicó que los hechos y probanzas de un supuesto delito debían estar incorporados al momento de delimitarse el objeto del proceso, de forma de evitar que la investigación se convirtiese en lo que se conoce como una “excursión de pesca”, para lo cual citó un precedente de aquella misma Cámara en donde se dijo: “nos encontraríamos frente a una paradoja de que, en lugar de profundizar una investigación a fin de corroborar o descartar una circunstancia sospechosa que pueda presentar relevancia jurídico penal, lo haríamos ́por las dudas ́, a fin de localizar algún elemento sospechoso. Esta subversión del orden lógico de toda encuesta es la que se ha registrado en el caso (…) se postula un minuciosa y detallada exploración… con la esperanza de que de ella brote en algún momento alguna mácula que permita sospechar la comisión de un ilícito. Y de allí una reiteración del ciclo. Idear nuevas diligencias que, en su curso, engendrarán otras, con el caro precio de avasallar garantías constitucionales”.

Y de forma categórica concluyó que: “los recurrentes insisten en mantener abierta y en actividad una persecución penal con el anhelo de que, alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el Memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante, frente a los antecedentes repasados, sólo puede traducirse en un único plazo definitorio: la perpetuidad. Pues si nada existió en el año 2013; si nada fue invocado en el 2014 y hoy, 2015, nada pudo ser acercado, ¿qué esperanzas puede haber de que el transcurso del tiempo logre revertir esta situación? Por el contrario, cuanto más uno se aleje del momento en que habría tenido lugar ese alegado plan delictivo, menores pueden ser las expectativas por obtener algo a lo cual pueden aferrarse los acusadores en pos de conservar vigente su posición”.

Por su parte, el segundo juez emitió un voto concurrente, en el que adhirió, en lo sustancial, a la opinión del colega que lo había precedido, con lo cual conformaron la decisión de la cámara de apelaciones por mayoría.

Se distinguió del colega preopinante en cuanto a la crítica que éste le había realizado al juez de grado en el tema de la falta de comienzo de ejecución del supuesto plan delictual.

Entendió que en forma alguna la creación de la Comisión podría configurar per se una “ayuda” en los términos del delito de encubrimiento, debido a que ninguna mejora en la situación procesal de los imputados se produciría a raíz de ello. Sino que, en la hipótesis acusatoria esa ayuda estaría dada por la desnaturalización de la legítima finalidad que se le asignó a la “Comisión de la Verdad”, que se llevaría a cabo a través de sus miembros (cuya identidad no se conoce, porque nunca se llegó a constituir), quienes faltarían a la función que les sería encomendada, y sostendrían falsamente una hipótesis que les sería impuesta con la finalidad de desviar la investigación del atentado.

Mencionó la falacia en la que incurrió el razonamiento acusatorio, al intentar probar una hipótesis a través de la unión de diferentes extractos de conversaciones que a su vez habían constituido el punto de partida de aquella hipótesis, así como también las contradicciones en las que incurrió el acusador al sostener, simultáneamente, varias hipótesis alternativas. En este punto, hizo hincapié en que la denuncia fue presentada por un representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que constituye un acto de gobierno que, como tal, debió ajustarse a los requisitos formales correspondientes.

Finalmente, en lo que aquí resulta relevante mencionar, el magistrado recordó que la firma de un Tratado con una potencia extranjera es una de las facultades que nuestra Constitución Nacional reconoce al Poder Ejecutivo y que tal conducta, de por sí, no podría ser considerada constitutiva de un delito penal, salvo que existiesen indicios serios que autorizasen a sospechar razonablemente lo contrario. Y resaltó que no es función de los magistrados fallar sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos de gobierno de otro poder del Estado.

Por su parte, el juez que votó en disidencia, refirió que todos los hechos que aparezcan como verosímiles o “posibles” deben ser investigados. Refirió que la hipótesis acusatoria había sido arbitrariamente desestimada toda vez que ella aparecía verosímil.

Adhirió al agravio fiscal en cuanto había sostenido que resultaba difícil establecer en forma tajante la división entre un acto preparatorio y el comienzo de ejecución y que, toda vez que se había desestimado la posibilidad de investigar los hechos, nunca se podrá saber realmente si el hecho, de existir, habría adquirido principio de ejecución. Añadió que con las pruebas solicitadas por el fiscal en oportunidad de requerir la instrucción iba a poder conocerse más certeramente la intención que había guiado la firma del Tratado.

Agregó que aun existían ciertas hipótesis sobre las cuales había que indagar previo a desestimar la denuncia como, por ejemplo, los motivos de la inclusión del artículo 7mo. en el Tratado de Entendimiento; el hecho de que hacia el año 2004 el Comité Ejecutivo de Interpol había anulado las difusiones rojas de las capturas de varios imputados por pedido de Irán y pese a la oposición de la Argentina; los motivos por los cuales se había pactado sólo respecto a los imputados que registraban alertas rojas y no respecto a los restantes de la causa; y las causas del diferente tratamiento en la creación de la “Comisión de la Verdad” en el Tratado de Entendimiento respecto a otras comisiones de ese tipo que la tradición jurídica internacional reconoce.

Finalmente, citó algunas llamadas telefónicas y descartó que ellas pudieran desecharse sin más sino que, por el contrario, ameritaban investigarse.

  1. e) El recurso fiscal de casación.

El fiscal que me precede en representación del Ministerio Público Fiscal reiteró los agravios de su anterior, a lo que agregó “También debe quedar en claro que no estoy en condiciones de emitir, aquí y ahora, juicios de valor sobre la entidad criminal de los hechos referidos o sobre su inocuidad frente al derecho penal; sólo pretendo en representación del Ministerio Público que se permita ahondar en el conocimiento de los hechos referidos en el requerimiento de instrucción con el fin, único y último, de erradicar cualquier duda o inquietud que sobre ellos pueda albergarse…”.

2). Resolución equiparable a sentencia definitiva.

La resolución que desestima una denuncia o que rechaza un requerimiento fiscal de instrucción es equiparable a sentencia definitiva, porque implica que los mismos hechos denunciados, bajo los mismos presupuestos, no podrán ser investigados por quien pretende hacerlo. Aunque la desestimación de una denuncia no tenga la misma naturaleza procesal que la cosa juzgada, los efectos que produce desde el punto de vista mencionado en este caso son similares, porque la línea argumental de su rechazo consiste en que los hechos denunciados no constituyen delito alguno. En un sentido similar, ver mutatis mutandi, CFCP, Sala III, causa n° 5994 “Fernández, María Beatriz e Inda, Tomás Juan A. s/ recurso de casación” queja resuelta el 15 de febrero 2006, registron°43/2006. La decision en el fondo es del 6/2/2007,registro44/07.3.

3) Consideraciones sobre el caso.
a) Dos líneas argumentales, una fáctica y otra jurídica.
Dos son las líneas argumentales de la pretensión fiscal. Una de naturaleza procesal, de prueba, consistente en el reclamo de iniciar una investigación para probar distintos extremos de la denuncia porque se considera que el rechazo del requerimiento de instrucción es prematuro.

La otra es jurídica-penal, que consiste en determinar si esos hechos, aunque estuvieran probados, constituyen o no delito.

Comenzaré por la segunda de las mencionadas, porque si ésta no se presenta en el caso, nos estará vedado incursionar en el aspecto procesal.

  1. b) El deber de investigar de los fiscales.

Los fiscales tenemos el deber de emplear criterios que conduzcan al mantenimiento de la acción penal y no a su extinción (Resoluciones PGN N° 3/86, 25/88, 96/93, 39/95, 20/96, 82/96, MP 27/99, MP 39/99, Res. PGN N° 32/02, entre otras). Pero está claro que la acción a mantener debe ser penal, es decir, haber nacido de un delito. De modo que si desde el inicio, de la denuncia o notitia surge manifiesta e incontrovertible la conclusión de que los hechos puestos de manifiesto no son delito, no existe acción penal a ejercer ni mantener.

Está vedado por la Constitución iniciar y mantener una acción penal para determinar si hubo un delito, cuando a simple vista la conducta no constituye delito alguno. La expresión da por supuesto que lo que se pretende investigar es algo que consiste en un delito y todavía no contamos con la certeza de su producción, pero de ningún modo que puede iniciarse una investigación para averiguar las circunstancias de algo que no es delito. La hipótesis requerida de demostración es si pudo o no haberse cometido tal o cual delito y, para ello, tal delito debe ser posible jurídicamente.

Si no es jurídicamente posible, los magistrados de la Nación no tenemos competencia constitucional ni legal para averiguar nada, porque ese tipo de sucesos queda exento de nuestra autoridad (art. 19 CN). Y por eso uno de los jueces hace referencia a la “excursión de pesca”, porque en nuestro sistema jurídico no tenemos competencia para investigar las conductas de las personas sin más, sino sólo aquellas que son delito.

Y en esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar.

Las extensas y oportunas argumentaciones del juez de primera instancia y de los jueces que conformaron la mayoría de la decisión de la cámara de apelaciones, no han sido refutadas. Con todo tipo de argumentos, alternativos, subsidiarios y complementarios, demostraron por distintas vías que no hubo delito alguno, consumado ni tentado.

Pero debo agregar algunas consideraciones.

  1. c) La hipótesis fáctica no constituye delito. El Poder Legislativo en ejercicio de su competencia constitucional, no puede cometer delitos.

[c.1]. La firma de un Tratado Internacional entre dos potencias soberanas nunca puede ser la base fáctica ni jurídica de un delito y, las motivaciones o móviles o ultraintenciones que pudieran tener los distintos actores que intervinieron en las negociaciones previas, redacción y sanción, aprobación o ratificación, tampoco (arts. 27; 74, inc. 24, y 99, inciso 11). Su acierto, conveniencia o error no es asunto que incumba al Poder Judicial, porque son cuestiones políticas, no justiciables. Pues, lo contrario implicaría menoscabar las funciones que corresponden a otros poderes.

Los legisladores, los asesores, los funcionaros del Poder Ejecutivo, etcétera, podrán cometer delitos a título personal durante el trámite o desarrollo de la sanción de leyes, pero no por el acto de sancionar y promulgar una ley en sí mismo.

La supuesta espuria intención de hacer cesar o dar de baja a las “alertas rojas” de Interpol por parte del gobierno argentino y la formación de una llamada “Comisión por la Verdad” para generar una hipótesis investigativa falsa no pueden, ni objetiva ni jurídicamente, constituir la “ayuda” que tipifica el artículo 277, apartado 1ero., inciso a), del Código Penal, ni ningún otro delito.

Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Si la firma de este acuerdo internacional pudiera ser entendida (con cierto esfuerzo e imaginación) como una ayuda material a los prófugos de la “causa AMIA”, tentada o ya consumada, esa acción igualmente no constituiría delito porque recaería dentro de la competencia constitucional no justiciable del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Nacional.

Véase que la conformación de una “Comisión de la Verdad” y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo acuerdo, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas. No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista.

Por otra parte, los delitos de tráfico de influencias o afines que pudieran haberse cometido en el decurso de toda esta historia no guardan relación jurídica con las supuestas maniobras de encubrimiento, precisamente, porque esos delitos versan sobre las conductas de falsos influyentes. Esas conductas están siendo investigadas en la causa formada al efecto en las instancias anteriores.

[c.2.]. Volvemos sobre el asunto. Un tratado internacional, en lo que aquí importa, tiene la misma jerarquía constitucional que las leyes nacionales (art. 31 CN). Son infinitas las disposiciones de tratados suscriptos por la República que establecen procedimientos, institutos y derechos que amplían o restringen los de las leyes argentinas.

Por eso debe recordarse que, salvo en los supuestos de art. 29 C.N., el Congreso de la Nación (se entiende, los legisladores, sus miembros) no puede delinquir cuando ejerce sus competencias constitucionales, porque es el soberano, es el que decide qué es delito y qué no lo es (art. 75, inc. 12, CN). El Poder Ejecutivo Nacional forma parte de ese proceso complejo de la formación de las leyes, sean internas o tratados con potencias extranjeras. Actuando en el marco de esa competencia constitucional, así como pueden incriminar conductas, pueden derogar las que hoy lo son. Por ejemplo, la ley 23.521 de obediencia debida (más allá de su inconstitucionalidad o posterior nulidad), significó en su momento la impunidad de varios cientos de personas, y no es posible considerar que ese fue un acto de encubrimiento por favorecimiento personal de parte de quienes la proyectaron, los legisladores que la votaron, el presidente que la promulgó y los jueces que en su momento la aplicaron en los casos sometidos a su jurisdicción.

En el ámbito federal, además, los legisladores nacionales son quienes dictan los procedimientos a seguir para la realización de la ley penal. Pueden establecer uno o varios procedimientos distintos, inclusive con posterioridad a los hechos de la causa (que serán aplicados en tanto no vulneren los derechos adquiridos de las partes). Por ejemplo, puede modificarse el régimen de excarcelación y su inmediata aplicación generar que cientos de personas en prisión preventiva recuperen inmediatamente la libertad y sigan así bajo proceso (así, leyes 23.050, 23.070, 24.390, etcétera).

En dicho contexto se enmarca la tradicional y para nada excepcional práctica de los tratados de extradición que dejan fuera de sus previsiones a una serie de personas y delitos, especialmente, los que tienen bajas penas; de modo que para los imputados de esos delitos nunca se dará curso a un pedido de extradición cuando ese delito haya sido cometido en el extranjero y el sujeto se encuentre en nuestro país (por ejemplo, tratado de extradición con la República de Italia, aprobado por ley 23.719, articulo 3, una pena cuyo máximo sea inferior a dos años).

De modo que no hay nada anormal en el dictado de leyes que modifiquen los procedimientos de las causas penales y mediante ellos, o mediante leyes penales de fondo, consagren beneficios para los imputados y condenados o directamente consagren su impunidad total. Ello dicho, con total independencia del caso de autos.

Se puede ver así que es impropio, desde el punto de vista jurídico, considerar que estos mecanismos y previsiones constitucionales son formas de ayuda o favorecimiento personal a los delincuentes. Es competencia del Poder Legislativo en conjunto con el Poder Ejecutivo en el acto complejo de sanción y promulgación de las leyes, la decisión acerca de la impunidad de las personas que considere conveniente, y tienen muchas vías para hacerlo (art. 44 CN, porque el Congreso está investido del poder legislativo; porque puede aprobar tratados con las potencias extranjeras, art. 75, incs. 22 y 24, CN, que son gestionados por el P.E.N. 99, inc. 11, CN); todo de conformidad con el procedimiento general de los arts. 77 a 84 CN que explican cómo se forman y sancionan las leyes, en concordancia con el art. 99, inc. 3°, CN que indica deben ser promulgadas por el P.E.N.; porque puede incriminar y desincriminar conductas al dictar la ley penal, art. 75, inc. 12, CN; porque además puede dictar amnistías generales, art. 75, inc. 20, CN; porque el Poder Ejecutivo puede indultar y conmutar penas, art. 99, inc. 5°, CN, lo cual ha sido admitido por la Corte Suprema para procesados, al considerar que esa potestad no implica incurrir en la prohibición del art. 109 CN que veda al P.E.N. inmiscuirse en funciones judiciales, etcétera.

En definitiva, aunque este Memorándum significase la impunidad de los prófugos, lo cual no afirmo, ello podría haber sido hecho por quienes lo suscribieron en ejercicio de facultades constitucionales.

  1. d) Las alertas rojas.

Sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol. Las órdenes de los jueces a cargo de los respectivos procesos de los distintos países, donde esas personas están imputadas y prófugas, son un requisito necesario, pero no suficiente. Los otros poderes de los respectivos Estados no tienen una competencia específica para incidir en el proceso interno de la Interpol al respecto, ni para darles el alta ni para darles la baja. A su vez, este organismo se ha reservado cierto ámbito de discrecionalidad o poder de decisión acerca de si da curso a una solicitud de captura y, luego, de que esa captura se intensifique mediante la instalación de una alerta roja. Y lo mismo para su baja, para lo cual, además, tiene previsto un procedimiento con audiencias, etc. Es decir, nada de esto es automático, pero lo que sí está claro es que no existe el mecanismo de solicitudes u órdenes de los poderes ejecutivos o legislativos de los Estados, que simplemente se limitan a designar representantes para la conformación del organismo.

Si el acuerdo dice que su celebración se notificará a Interpol, ello podrá o no tener alguna incidencia en este organismo, la misma que podría tener el poder de lobby de cualquier Estado involucrado, o no, en el asunto. Y además, ello no tendría ninguna influencia en el trámite de la causa bajo la potestad de un juez argentino, que mantendría o no los pedidos de capturas hasta que los considerase pertinente, porque no tiene potestad alguna para mantener las alertas rojas. Sólo para hacerlas caer, mediante la respectiva comunicación de que no le interesa más la captura de tal o cual persona, porque se ha satisfecho el fin para el que fueron dispuestas o cualquier otra razón procesal de la causa.

El procedimiento de alta y baja de las alertas rojas es, inclusive, distinto al de los tratados de extradición y cooperación internacional, en donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene potestades constitucionales para no dar curso a un pedido de extradición de un juez argentino respecto de un imputado que se encuentra en el extranjero o, a la inversa, para no dar curso al pedido de extradición de un juez extranjero (a través de su respectivo poder ejecutivo de su país) respecto de una persona que se encuentra en nuestro país.

  1. e) El significado del Memorándum en el proceso penal.

Tampoco puede soslayarse que en el régimen procesal penal federal vigente, que rige este caso, no es posible avanzar para formalizar el sometimiento de una persona a él y luego conducirlo a juicio oral, sin que previamente sea convocado y se presente personalmente a prestar declaración indagatoria o a negarse a declarar ante el juez de la causa (arts. 294, 295, 306, 307, 346, y cc. CPPN). Esta declaración tiene hoy en día entre nosotros, una doble naturaleza: acto de defensa y etapa necesaria del proceso penal. Si una persona que es imputada de un delito (para lo cual se deben dar ciertos requisitos de sospechas objetivas y razonables, basadas en pruebas legales) no se presenta a prestar declaración indagatoria, lo único que queda por hacer es ordenar su captura y declarar su rebeldía, porque se considera que no está a derecho. Y el proceso queda detenido a su respecto sine die hasta que se presente a declarar, voluntaria o compulsivamente (arts. 288 y ss. CPPN). Es posible continuar la investigación y la recopilación de pruebas, pero el caso no pasará a otro estadio procesal a su respecto.

Se podrá advertir que ése es el estado actual de la causa en relación a las personas cuya captura internacional se ha pedido.

Éste es el lugar dentro del sistema en el cual se inserta el Memorándum, que es gestionado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Poder Legislativo, respecto de personas imputadas que están citadas a prestar declaración indagatoria, pero que se niegan a presentarse. No están a derecho. Están con orden de captura y declarados en rebeldía. El proceso está detenido a su respecto en una etapa muy anterior al juicio oral. No se puede avanzar. En ese contexto, se desprende de la simple lectura del Memorándum que el acuerdo no pretende otra cosa que traer a derecho a esas personas para que declaren ante el juez de la causa, para que ejerzan su defensa y el proceso pueda avanzar.

Reitero el mismo concepto. Se trata de personas que por el momento no desean someterse voluntariamente a la jurisdicción argentina y el Poder Judicial argentino no tiene el poder de hecho necesario para lograrlo. Cualquiera sea el nombre que a ese acto procesal se le haya dado en el Tratado, cualquiera sea la interpretación que le dé el gobierno o el derecho iraníes, lo cierto es que para nosotros equivale a una indagatoria, porque una conversación de un imputado ante el juez de la causa no puede tener otra naturaleza. Y debe recordarse que basta con que los imputados se sienten ante el juez, sin necesidad de que declaren, para dar por cumplido el acto. Ahora bien, si de acuerdo con el Memorándum, a esa indagatoria pueden concurrir y preguntar otras personas, eso podrá ser interpretado como una modificación del procedimiento pero en tal caso, se encuentra dentro de las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo nacionales.

La historia judicial argentina está plagada de soluciones “creativas” de políticas de estado en materia criminal para la realización de los fines que el derecho procesal persigue (eminentemente instrumental), porque no se trata de un conjunto de normas pétreas, sino de la reglamentación de postulados constitucionales para la realización del derecho penal en cada caso concreto. Los poderes del Estado competentes buscan e instauran un mecanismo que destrabe una situación, que permita avanzar hacia el objetivo de descubrir la verdad procesal. De modo que la consagración de un mecanismo distinto al corriente no tiene nada de extraordinario. Es la clásica diferencia entre lo deseable y lo posible, entre lo ideal y lo real. Y la solución puede ser criticada por los políticos, la doctrina, las partes, etcétera, pero es lo que pudieron y supieron concretar quienes dirigen las políticas exterior y criminal de la República.

De hecho, de la lectura misma del Memorándum surge que el juez y el fiscal a cargo de la etapa de investigación no están obligados ni vinculados por las acciones y conclusiones de la llamada “Comisión de la Verdad”, de modo que no tiene efectos sobre el proceso porque siempre dependerán de la decisión autónoma que tomen los magistrados a cargo. Su concreción no puede ser considerada una ayuda en los términos del art. 277 CP. La intervención de la Comisión no tiene mayor valor que el que pudieran tener las infinitas opiniones, estudios, investigaciones y conclusiones que sobre el atentado se vienen dando por parte de distintas personas (periodistas, analistas, investigadores, magistrados, etc.) desde el mismo día de su consumación.

Y ello conduce a visibilizar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al concretar este acuerdo, con esa redacción, de ningún modo entorpecieron la marcha del proceso penal que, reitero, en nuestro país está a cargo de un magistrado que pertenece a otro poder del Estado, independiente de los anteriores.

  1. f) La confabulación o conspiración no es la “ayuda” típica del… En nuestro derecho penal no existe el delito de conspiración (la viejaencubrimiento.
conspiracy anglosajona) que consiste en algo así como el acuerdo de dos o más personas con la intención de cometer un acto ilegítimo (aunque no sea delito) o un acto legítimo por medios ilegítimos (aunque no sean delitos).

Los únicos supuestos en que nuestra ley penal prevé la conspiración son para cometer el delito de traición a la patria (art. 216 CP), para la rebelión o sedición (art. 233 CP) y para cometer algunos delitos cometidos por militares (art. 241 bis, inc. 4°). Es decir, siempre lo son con el fin de cometer un delito, y sólo el delito determinado al que refiere.

Ni siquiera la asociación ilícita (art. 210 CP) es similar a la conspiración o confabulación, porque en nuestro derecho positivo exige la pertenencia a una banda que debe tener cierta permanencia y el fin de cometer delitos indeterminados, y no uno determinado.

La pertinencia de estas observaciones al caso de autos consiste en que la confabulación o conspiración castigan conductas previas al comienzo de ejecución del delito al que refieren. Y no deben ser confundidas con las tentativas de esos delitos (art. 42 CP).

En varios razonamientos de la hipótesis acusadora y en el voto en disidencia de la resolución de la Cámara Federal se observa esta fusión, al pretender que ya constituyen actos de tentativa de encubrimiento o de encubrimiento consumado, y que por ello se demanda la pertinente investigación, una serie de conductas que revelarían acuerdos entre dos o más personas para gestionar y concretar acuerdos con una potencia extranjera con el fin de favorecer a unos prófugos. Como se ve, esas negociaciones o gestiones no constituyen delito en la Argentina, porque no está previsto el delito de conspiración o complot o confabulación para el encubrimiento, ni tampoco algo que no es delito, porque el objetivo a alcanzar es algo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden constitucionalmente hacer.

Es que el verbo ayudar en el artículo 277 CP que reprime el encubrimiento mediante el favorecimiento personal, nunca puede ser interpretado del modo amplio e impreciso en que se lo hace en la hipótesis del requerimiento fiscal de instrucción, sino que debe tener contornos precisos y funcionar dentro de un sistema, donde juegan gran cantidad de disposiciones que deben quedar con valor y efecto. Véase que con ese razonamiento, todo grupo de personas que presentase un proyecto de ley de derogación de un delito, como tal nueva ley favorecería a los imputados y personas que están cumpliendo condena por él (retroactividad de la ley penal más benigna), deberían ser considerados reos de encubrimiento por ayudar a esos delincuentes a eludir la acción de la justicia. Y también quienes intervinieron en las discusiones y redacciones antes de presentar el proyecto, que ya deberían ser punibles por esa suerte de conspiración para tal fin.

4). Consideraciones finales, respuestas y consecuencias.

a). Las capturas nacionales e internacionales de los sospechosos las ordenó el juez de la causa, y no alguna otra autoridad.

b). Carece de relevancia típica si una de las razones del acuerdo fue el restablecimiento o intensificación de las relaciones comerciales o de otro tipo con la República Islámica de Irán.

c). No pueden ser considerados actos de conspiración las conductas denunciadas por el hecho de haberse llevado a cabo de manera reservada, porque por su propia naturaleza, las relaciones diplomáticas se llevan a cabo en la más estricta reserva, con lo cual, no es que no se dan a conocer por su objeto espurio, sino porque son reservadas.

d). Si una persona se presenta a derecho, cualquiera sea el mecanismo por el cual finalmente decidió hacerlo, la consecuencia inmediata de ello es que debe cesar su orden de captura y, en este caso, además, las alertas rojas. Ello solo podría ocurrir una vez que se concretasen las audiencias donde los imputados declarasen ante el juez de la causa.

Si esto es así, resulta contradictorio con este dato sostener que el interés iraní en el acuerdo había decaído y por eso no habían ratificado el acuerdo.

La comunicación a Interpol de la celebración del acuerdo no tiene ninguna relevancia en el proceso penal argentino y, además, no constituye un procedimiento reglado por Interpol para hacer cesar las alertas rojas. El procedimiento para las altas o bajas de Interpol no requiere de esa comunicación, es decir, esa comunicación no es idónea por sí misma para lograr la baja de las alertas. La comunicación se inserta porque Interpol venía intermediando para la solución del conflicto por medio de la negociación (ver, por ejemplo, los comunicados oficiales de Interpol del 14/9/2009, 3/10/2009 y 10/3/2010).

No es la Argentina ni la República Islámica Irán por sí mismos, ni el acuerdo entre ambos países, los que podrán generar automáticamente la baja de las alertas rojas, de modo que, toda construcción argumental respecto de que ése era el nudo del acuerdo, se cae por su propio peso.

e). Si luego de ser indagados, al resolverse su situación procesal, los imputados vuelven a profugarse, su rebeldía y las capturas nacionales e internacionales, deberían volver a ordenarse por el juez de la causa, y ello dar lugar a la solicitud de instauración de las alertas rojas que habrían cesado con anterioridad. Es decir, todo volvería a empezar, porque no es posible en la Argentina juzgar en ausencia a nadie. De modo que el Memorándum y sus antecedentes no tienen mayor alcance que el de cualquier conducta procesal de cualquier procesado en cualquier causa de la Argentina.

f). La “Comisión de la Verdad” no tiene facultades jurisdiccionales, ni incidencia en la causa, más allá de una opinión que el juez puede considerar, por lo que no tiene ningún sentido argumentar sobre la base de que sus conclusiones estarían pre- arregladas para generar una hipótesis falsa.

g). Como se vio más arriba, no tiene ninguna relevancia considerar si se trata de actos preparatorios, de ejecución, o de consumación del delito de encubrimiento porque para ello previamente debería determinarse la presencia de todos los elementos objetivos de esa figura penal. Como expuse antes, esto no es así porque la supuesta “ayuda” no tiene el significado jurídico objetivo de facilitar la elusión de la justicia.

h). El caso no encaja en el grupo de investigaciones cuya clausura es considerada prematura, porque en autos lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno.

i). Tanto los fiscales que me anteceden como el voto de la disidencia, plantearon una falacia consistente en sostener que la hipótesis del denunciante puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación.

Lo que no dice este razonamiento es que la legitimación de una investigación para determinar si en una situación hubo o no delito no sólo depende, en algunos casos, de un asunto de prueba, sino que en todos los casos, es requisito necesario tener en claro cuál es el delito al que esa investigación refiere. Cuando se dice “quiero saber si se cometió tal o cual delito”, en esa frase está implícita la información y no se discute que lo que se pretende demostrar que ocurrió efectivamente es un delito, lo cual como se vio no ocurre en el caso. Si se reciben denuncias del tipo “en la casa de al lado se trafican estupefacientes”, o que “Fulano mató a Mengano”, o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina (ex artículo 118 CP).

En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son la “ayuda” típica del art. 277 CP porque se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado, ajenas al Poder Judicial.

De conformidad con el principio de legalidad y los de reserva y lesividad (arts. 18 y 19 CN), nuestra ley exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida (artículos 174, 176, 183, 188 CPPN, entre muchos otros). En tal armonía, el artículo 180 del CPPN dispone la desestimación de la denuncia y el 195 el rechazo del requerimiento de instrucción sólo se refiere a hechos que no sean delitos

Por eso uno de los jueces de cámara explica que lo pretendido en el requerimiento de instrucción y la apelación es mantener vigente una investigación in eternum, no porque los hechos no se pudieran probar, sino porque lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.

  1. j) En ese contexto se inscriben todas las medidas de prueba propuestas por el fiscal de primera instancia, y también las sugeridas por el juez de cámara que vota en disidencia. Son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas.

k). Finalmente, no es necesario tocar el agravio consistente en que se habrían valorado pruebas aportadas por la Procuración del Tesoro, porque para resolver el caso del modo en que aquí se ha razonado, no tienen ninguna relevancia.

5) Final.

Como se ve, no es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito.

En consecuencia, por no darse los requisitos del art. 193 y cc. CPPN, y porque el juez puede rechazar el requerimiento fiscal de instrucción por auto (art. 195 CPPN), desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa (artículo 443 del CPPN).
Fiscalía No 4, 20 de abril de 2015.


La escuela del mundo al revés

18 abril 2015

C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, de nuestra redacción

Por Victor Leopoldo Martinez 

Atrevidamente pensé en escribir algo que pareciera una despedida para uno de los tantos grandes y verdaderos maestros que a Dios gracias esta América Latina tuvo y tiene, que lamentablemente apresuró su partida para unirse a otras lumbres que se le adelantaron en el tiempo. No creo estar ni por asomo a tono ni a su altura; por eso me siento cohibido para intentar escribir algo sobre un grande. Me refiero al “yorugua” –así le gustaba que lo llamaran- Eduardo Galeano. A pesar de ofrecer un modo aplomado de ser, vaya uno a saber por qué ese tipo simple, sencillo, futbolero obligó a su enfermedad apresurar su alejamiento de este mundo. Cosas de ese destino en el que él mucho no creía. Un sueño se le cumplió. Lo está haciendo por esa senda -la de la Unión Latinoamericana- que él ayudó a construir desde su pluma y que hoy es una incipiente realidad. Se unió a esos otros grandes cómo Martí, Neruda, Scorza, Ugarte, García Márquez, Carpentier, Vallejo, Benedetti, Paz, Cortazar, Fuentes, Jauretche, Guillen, Dávalos, Lima Quintana entre tantos otros para alimentar esa gran fogata que seguramente seguirá iluminando a los desclasados, a los desposeídos, a los olvidados de este subcontinente que nos cobija. Insisto, no soy yo el indicado para escribir sobre él. Quién mejor que él para despedirse de nuestra humilde publicación con fragmentos de su “Patas arriba”:

galeano

Educar con el ejemplo

“Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor (y de la computadora agrego yo) para que desde temprano acepten como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños…

El mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza: la injusticia, dicen, es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de «la tasa natural de desempleo». Por ley natural, comprueban Richard Herrstein y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala social. Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles; y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria…

Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate: si se compara, cualquier hampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas…

Los enfermos de la patología antisocial, locura y peligro que cada pobre contiene, se inspiran en los modelos de buena salud del éxito social. Los delincuentes de morondanga aprenden lo que saben elevando la mirada, desde abajo, hacia las cumbres; estudian el ejemplo de los triunfadores y, mal que bien, hacen lo que pueden para imitarles los méritos…

Bienvenida, la clase de unos de los barrios más miserables de Buenos Aires. La clase media sigue viviendo en estado de impostura, fingiendo que cumple las leyes y que cree en ellas, y simulando tener más de lo que tiene; pero nunca le ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición. Está la clase media asfixiada por las deudas y paralizada por el pánico, y en el pánico cría a sus hijos. Pánico de vivir, pánico de caer: pánico de perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas, pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. En el clamor colectivo por la seguridad pública, amenazada por los monstruos del delito que acecha, la clase media es la que más alto grita. Defiende el orden como si fuera su propietaria, aunque no es más que una inquilina agobiada por el precio del alquiler y la amenaza del desalojo…

Quien no tiene, no es: quien no tiene auto, quien no usa calzado de marca o perfumes importados, está simulando existir. Economía de importación, cultura de impostación: en el reino de la tilinguería, estamos todos obligados a embarcarnos en el crucero del consumo, que surca las agitadas aguas del mercado. La mayoría de los navegantes están condenados al naufragio, pero la deuda externa paga, por cuenta de todos, los pasajes de los que pueden viajar. Los préstamos, que permiten atiborrar con nuevas cosas inútiles a la minoría consumidora, actúan al servicio del purapintismo de nuestras clases medias y de la copianditis de nuestras clases altas; y la televisión se encarga de convertir en necesidades reales, a los ojos de todos, las demandas artificiales que el norte del mundo inventa sin descanso y, exitosamente, proyecta sobre el sur”

 Algo que quedó en evidencia en la última cumbre de las Américas con el discurso de Obama

“La memoria del poder no recuerda: bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso. La memoria del poder, que los centros de educación y los medios de comunicación difunden como única memoria posible, sólo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. La impunidad exige la desmemoria. Hay países y personas exitosas y hay países y personas fracasadas, porque los eficientes merecen premio y los inútiles, castigo. Para que las infamias puedan ser convertidas en hazañas, la memoria del norte se divorcia de la memoria del sur, la acumulación se desvincula del vaciamiento, la opulencia no tiene nada que ver con el despojo. La memoria rota nos hace creer que la riqueza y la pobreza vienen de la eternidad y hacia la eternidad caminan, y que así son las cosas porque Dios, o la costumbre, quieren que así sean.”

De cómo el lenguaje hace digerible lo que intoxica.  

“En 1995, la prensa argentina reveló que algunos directores del Banco Nación habían recibido treinta y siete millones de dólares de la empresa norteamericana IBM, a cambio de una contratación de servicios cotizados en 120 millones de dólares por encima del precio normal. 

Tres años después, esos directores del banco estatal reconocieron que habían cobrado y depositado en Suiza tales dineritos, pero tuvieron el buen gusto de evitar la palabra soborno o la grosera expresión popular coima: uno usó la palabra gratificación, otro dijo que era una gentileza, y el más delicado explicó que se trataba de un reconocimiento por la alegría de la IBM.”

Eduardo Galeano (“Patas Arriba, la escuela del mundo al revés”)

 Hasta siempre y gracias por regalar tu genio Eduardo Galeano. V.L.M.

Afiche de V.L.M - 1


Directora del FMI Christine Lagarde imputada por corrupción

18 abril 2015

Francia, Europa, Internacionales, EL EMILIO-LibreRed

Fuente: http://www.librered.net/?p=34872

Christine-Lagarde

La justicia francesa imputó por “negligencia” a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, por su participación en un caso de corrupción cuando era ministra de Economía del ex presidente Nicolas Sarkozy.

Se trata de la entrega de 403 millones de euros por parte del Gobierno de entonces al empresario Bernard Tapie, amigo del Mandatario, por la reparación de supuestas pérdidas en la venta de Adidas por parte del banco Credit Lyonnais, de propiedad mayoritariamente estatal, refirió el diario El País de España.

El monto de la ayuda pública a Tapie fue decidido por una comisión de arbitraje, que el juez calificó como “simulacro”.

En este caso, hay imputadas cinco personas por presunta estafa de banda organizada, incluido Tapie; su abogado, Maurice Lantourne; Pierre Estoup, uno de los tres jueces que intervinieron en la comisión de arbitraje; Stéphane Richard, ex director de gabinete de Lagarde, y Jean-François Rocchi, presidente en aquel entonces del consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais.

Lagarde quedó imputada este martes en la noche, cuando compareció como testigo por cuarta vez ante los jueces. Señaló que no dimitirá de su puesto y apelará la decisión judicial.

Declaró, además, que considera “infundada” la acusación judicial de no haber sido vigilante sobre el procedimiento de adjudicación de la ayuda pública, y añadió que en tres años de investigación previa se había llegado a la conclusión de que ella no había cometido ninguna irregularidad.

El millonario Tapie vendió en 1993 Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais. Era la condición que le impuso el ex presidente François Miterrand para designarlo como ministro.

Al poco tiempo, la entidad financiera vendió la empresa y obtuvo importantes ganancias, lo que llevó a Tapie a denunciar el caso y obtener, en primera instancia, una reparación de 135 millones de euros por daños más intereses. El Tribunal Supremo, sin embargo, anuló esta decisión.

En 2008, Sarkozy resarció con creces al empresario por las supuestas pérdidas. El Ministerio de Economía formó un “tribunal de arbitraje” que decidió otorgar a Tapie 403 millones de euros por aquel litigio, lo que escandalizó a una gran parte de la ciudadanía.

En medio de una investigación judicial, la Fiscalía acusó en 2011 a Lagarde de elegir una mediación privada en vez de recurrir a la vía judicial, que habría dotado de mayor neutralidad al proceso, y la criticó también por “conocer la parcialidad de dos de los tres árbitros” que intervinieron en la mediación y de incluir la figura del “daño moral”, lo que favoreció aún más los intereses de Tapie.

AVN