LA OTRA CARA DEL CASO “MARÍA SOLEDAD MORALES” Y UN JUEZ DEL “PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL”

Catamarca, Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, ELESQUIÚ.COM. Poder Judicial

Olmedo de Arzuaga,

el juez que no debía ser

Juez Olmedo Arzuaga

La apertura del juicio oral por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Santiago del Estero tiene estrecha relación con la patética historia del Poder Judicial de los últimos 25 años en Catamarca. Uno de los imputados en esa causa, el exjuez y exfiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga, fue una de las herramientas utilizadas por el poder político local en los ‘90 para llevar a cabo el montaje de lo que fue el segundo juicio del Caso Morales.
 Cómo llegó a ocupar el cargo de camarista e impartir justicia en la provincia durante más de una década es sólo una muestra más de cómo la noción de independencia de los poderes fue bastardeada por el gobierno que en 1991 encaró el naciente Frente Cívico y Social.
Olmedo de Arzuaga llegó a Catamarca en 1997. Fue a merced de una convocatoria a nivel nacional que el gobierno de Arnoldo Aníbal Castillo hizo para conformar el tribunal que debía llevar a cabo el juicio oral por el crimen de María Soledad Morales, que llevaba siete años revolcado en escándalos políticos y judiciales sin precedentes.
Con euforia por la victoria de abril de aquel año y contando con el apoyo incondicional de la prensa nacional que danzaba al ritmo que imponía el Grupo Clarín, Castillo intentó encausar el oprobioso papelón en el que había naufragado aquel primer juicio que terminó suspendido por el grotesco de las supuestas señas entre los jueces Juan Carlos Sampayo y María Alejandra Azar, que flanqueaban en el estrado al impetuoso Rodolfo Ortiz Iramaín.
Castillo necesitaba una condena. Pero no cualquiera. Necesitaba que la Justicia declarase culpable a Guillermo Luque, porque en él se sintetizaba el estigma de los “hijos del poder” -o del saadismo para ser más precisos-. Así quedó reflejado en el escándalo que sacó a la luz una abogada rionegrina que parecía la candidata a presidir el tribunal. Cuando se entrevistó con las autoridades locales, sin medias tintas denunció: “Me ofrecieron un sueldo diferenciado, una casa de nivel y otras prebendas para que condenara”.
Aquel escándalo pocas veces recordado en el marco de lo que fue el Caso Morales abrió la puerta para que mediante un decreto se conformara un Consejo de la Magistratura que supuestamente iba a darle transparencia a la selección de los jueces. La historia dirá que fue otra farsa más. Un burdo maquillaje para lograr el propósito original, que era dictar una condena. Sólo faltaba quién sería el que presidiría el tribunal. Y allí apareció Olmedo de Arzuaga, servil a esos propósitos.
Antecedentes
Poco se conocía del flamante presidente de la Cámara Penal Nº 2, a quien flanquearon Jorge Álvarez Morales y Edgardo “Cococho” Álvarez. Pero el bullicio del reinicio del juicio oral sirvió para meter bajo la alfombra la poca rigurosidad con la que se habían analizado sus antecedentes.
 Tal como denunció la abogada rionegrina, a Olmedo de Arzuaga también se le dio una vivienda, ubicada en la villa veraniega de El Rodeo, donde vivió durante los casi 10 años que actuó como camarista en Catamarca, lo cual también le servía para sumar a sus ingresos un adicional por la distancia que debía cubrir para cumplir con sus funciones.
Sabemos cómo terminó el juicio. La condena cantada para Luque y Luis Tula no se sostuvo con el peso de las pruebas, sino con las maquiavélicas maniobras políticas. Tanto que el fallo dictado el 27 de febrero de 1998 festejado por la prensa nacional narró episodios supuestamente probados, se resolvieron 33 procesamientos por falso testimonio y se ordenó la detención de dos personas más como coautoras del crimen: Hugo Ibáñez y Eduardo Méndez.
Ambos fueron sobreseídos un año después porque la Justicia no pudo probar su participación, aunque fueron valoradas las mismas pruebas con las que sí condenaron a Luque y Tula.
Una década después
Con la misión principal cumplida, Olmedo de Arzuaga permaneció en Catamarca integrando o presidiendo en forma rotativa el tribunal de la Cámara Penal Nº 2, cargo desde donde dictó sentencias en cientos de causas.
Durante 10 años, nadie se preguntó por el pasado de Olmedo de Arzuaga. Los crímenes de lesa humanidad dormían por entonces en el olvido en el que lo habían enterrado las leyes de obediencia debida y punto final en los principios de los años ‘90. Pero quiso el destino que el gobierno kirchnerista pusiera fin a aquellas leyes que garantizaron la impunidad de los represores para que se reabriera, en todo el país, los juicios contra los represores y sus colaboradores.
En esta última calificación ingresa Olmedo de Arzuaga, cuya investigación fue abierta en 2004, pero logró que la Justicia santiagueña -en una actitud más corporativista que jurídica- lo sobreseyera en distintas instancias.
En 2007, durante el mes de febrero, se conoció uno de los fallos que implicaba a Olmedo de Arzuaga. Esa situación forzó la renuncia del camarista, que trató de disimular afirmando que su alejamiento se debía a que había tramitado su jubilación. Por esos meses, la entonces presidente de la corte local, Amelia Sesto de Leiva, se despegó la situación del controvertido camarista y sumó un dato más para certificar las condiciones irregulares con las que había sido designado en Catamarca, al señalar que el único documento que figuraba en el legajo del magistrado era una copia certificada de su título de abogado. Nada decía de su obscuro pasado procesista.
La causa en Santiago del Estero avanzó lentamente. En 2012, meses después de que el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero lo sobreseyera porque los delitos estaban prescriptos, la Sala IV de Casación estableció que se trata de crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos calificaron la actuación del exmagistrado como “piedra basal de la impunidad” de los represores santiagueños y compararon el rol del Poder Judicial santiagueño durante la dictadura con “la judicatura de la Alemania nazi”.
“Literalmente me abalancé (sobre Olmedo de Arzuaga) pidiéndole que me escuchara porque tenía que hacer una denuncia muy grave acerca de las torturas mías y de otras personas que estaban secuestradas en el Side durante largo tiempo”, declaró Mercedes Cristina Torres en referencia a la dirección de Informaciones de Musa Azar. “Me contestó que le pidiera una audiencia por escrito, (lo cual) me era imposible”, expresó.
“Los presos políticos les decían que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la Policía. Ellos -Olmedo de Arzuaga y el exjuez Liendo Roca, imputado junto él- les respondían que era mentira y les pedían que firmaran las declaraciones”, manifestó el fiscal federal Fernando Gimena, uno de los acusadores. “Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino”, pero sí “iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba y de otros policías torturadores”, agregó.
Las actuaciones de Olmedo de Arzuaga en Santiago del Estero y en Catamarca guardan una estrecha relación. En ambas provincias, primero durante la dictadura militar y luego durante el gobierno de Arnoldo Castillo, su accionar estuvo condicionado no por un afán de administrar justicia, sino de ser una herramienta del poder dominante para fines tan específicos como deleznables.
El Esquiú.com

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